La educación es un proceso de formación integral que va más allá de lo estrictamente académico. No solo se trata de brindar información o impartir conocimiento unidireccionalmente; no es solo saber y conocer, se trata de ser y hacer. Sin embargo, el concepto de educación a lo largo de los años se ha ido desnaturalizando producto de una mercantilización propia de un “enrarecimiento”, como bien decían Quiceno y Zuluaga, o como lo dijo Aníbal León: “La educación siempre está expuesta a ser desarticulada, desmantelada, destruida” y, por ende, “el ser humano tiende a quedarse solo, desprotegido y dueño solitario de su angustia radical, en tanto que – la educación lo abandona- y solo él debe llevar la responsabilidad del mundo”. Por esto, es necesario proteger a la educación, al educando y al educador de aquello, o aquellos, que causan su deterioro, pero, ¿Quiénes son los responsables de cuidarla?
Generalmente, la responsabilidad de los procesos y resultados educativos recaen en su totalidad sobre los docentes, si bien, hacen parte del entramado principal del sistema, no son los únicos responsables de su éxito o fracaso. Incluso podríamos decir que los maestros, en muchos casos, son víctimas de un sistema lleno de corrupción y malas prácticas administrativas y pedagógicas.
Es necesario destacar que el docente es un trabajador como cualquier otro, que está sujeto a las órdenes y decisiones de organismos, estamentos, jurisdicciones entre otros, que están por encima de él. La mayoría de planes, modelos, currículos y demás procesos de enseñanza-aprendizaje, son diseñados e impuestos por estructuras jerárquicas, por ejemplo: el Ministerio y las secretarías de Educación, los directivos y administrativos e incluso, si miramos más arriba, hay poderes económicos y políticos que tienen intereses ajenos a lo propiamente educativo, pero aun así deciden sobre este, por citar un ejemplo: La OCDE, una organización de carácter económico que implementa una prueba estandarizada como lo es la PISA, la cual evalúa el rendimiento académico de estudiantes a nivel internacional para luego establecer, a raíz de sus resultados, medidas económicas que imponen a los países evaluados.
El docente entonces, se ve sometido a un sinnúmero de injerencias ajenas a lo netamente pedagógico (generalmente de carácter económico y político) y viene a ser una suerte de peón cuya conciencia, en muchas ocasiones, está amarrada a intereses contrarios a los educativos, aun así, lucha contra corriente haciendo en el aula lo mejor que puede con los pocos recursos que le brindan (o que le permiten usar), producto de una pésima inversión estatal que se ve agravada por el lodo cenagoso de la corrupción.
Por esto, es necesario denunciar todo ilícito y anomalía que ponga en riesgo el derecho fundamental a la educación, como lo es el caso de la corrupción, por lo que, en este artículo, a manera de ejercicio pedagógico, se enunciaran algunos de los casos más usuales de corrupción y malas prácticas administrativas que se presentan en el sistema educativo:
1. Peculado o la malversación y desviación de recursos públicos:
Consiste en la apropiación o uso indebido de los bienes públicos por parte de los servidores encargados de su administración y custodia. También se considera peculado al uso de bienes materiales públicos para el beneficio de un funcionario. A su vez, este delito se presenta cuando se usan recursos económicos para propósitos diferentes para los que fueron destinados inicialmente. En muchas ocasiones el docente tiene que ver reducido su campo de acción debido a que no puede contar con recursos propios de la institución por que directivos y/o administrativos se apropian de dichos elementos para su beneficio particular, por ejemplo, se han visto casos en que sillas, muebles e incluso computadores, son alquilados o vendidos para el lucro privado. Otro caso que se puede mencionar es cuando al docente no se le respalda en sus proyectos pedagógicos, porque el dinero que estaba destinado para dicha causa, fue empleado para otro asunto ajeno a lo educativo, generalmente para el beneficio de quien lo administra.
2. Ausencia de rendición de cuentas o cuentas sin justificar:
Todos los ciudadanos pueden vigilar y evaluar el actuar de los servidores públicos y estos deben dar cuentas claras de su proceder. Este mecanismo de vigilancia es vital para garantizar el debido funcionamiento de la democracia y evitar la corrupción. Sin embargo, muchos ministros, secretarios, directivos y administrativos, evaden y maquillan esta rendición de cuentas bajo una total impunidad, producto de un ineficaz monitoreo y una ausencia de respectivas sanciones.
3. Concusión:
Se refiere a las exigencias de cuotas ilegales por parte del servidor público. También puede configurarse cuando el funcionario solicita que se realice un pago mayor al debido por la realización de las actividades propias de su cargo. El Código Penal Colombiano lo ha definido como el delito del servidor público cuando abusa de su puesto o de sus funciones constriñendo a alguien para que dé o prometa dar dinero o cualquier otra utilidad, al mismo servidor o a un tercero. En muchos casos, en instituciones educativas, se les cobra a docentes, estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, cuotas ilegales o exageradas, por conceptos de paz y salvos, carnés, matrículas, pensión, seguros, bonificaciones, derechos de grado, entre otros, que van en contravía de la función social del servicio educativo.
4. Clientelismo:
Es la tendencia a favorecer, sin la debida justificación, a determinadas personas, organizaciones, partidos políticos, entre otros, para lograr un determinado beneficio. Se presenta también cuando un político genera puestos de trabajo para quienes le brinden algo a cambio, generalmente con el fin de conseguir votos. En el sistema educativo, se suele presentar cuando directivos o políticos ocultan plazas docentes para otorgarlas a quienes respondan a sus intereses.
5. Cleptocracia:
Es el establecimiento y desarrollo del poder ejercido desde el robo de capital, institucionalizando la corrupción y sus derivados, de forma que toda acción delictiva quede impune debido a que todos los sectores del poder están maniatados, desde la justicia, funcionarios de la ley y todo el sistema político y económico. El docente generalmente se encuentra desprotegido ante una posible denuncia, ya que todo mecanismo u organismo está amarrado al entramado de corrupción, por lo que la ley de la impunidad imperante lo calla moral y/o violentamente.
6. Nepotismo:
Es el trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el único hecho de tener un lazo o parentesco, sin tener en cuenta otros méritos. La RAE lo define como la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos.
7. Colusión:
Se entiende como un pacto mediante el cual se busca lograr beneficios a costa de un tercero, mediante acciones fraudulentas. Su accionar se escuda en alianzas secretas para engañar a otros sobre sus derechos legales, ya sea para obtener un objetivo prohibido por la ley o para obtener ciertas ventajas injustas en el mercado. Los convenios más usuales se presentan para dividir un mercado, subir precios, limitar la producción o las oportunidades de otras empresas o individuos de brindar sus servicios. Se puede presentar en instituciones educativas, entidades ministeriales o secretarías, cuando se dan beneficios a ciertas compañías o sectores económicos, para generar ganancias ilegales, por ejemplo, en el caso de las empresas que otorgan servicios de ceremonia de grado, se hacen pactos con directivos, quienes dan privilegios de contratación y suben precios exageradamente para obtener ganancias extras. También se ha presentado en empresas que se ponen de acuerdo para subir precios de alimentos o insumos para los establecimientos educativos.
